6 oct 2026 · @Gina Di Benedetto
En julio de 2025 escribí sobre la presión global para encarecer y restringir la migración: Italia duplicando tarifas de ciudadanía, Estados Unidos sumando la Visa Integrity Fee, Australia subiendo 125% la visa de estudiante, y acá en Argentina, el recién publicado DNU 366/2025. En ese momento lo leí como una ola de endurecimiento. Mirándolo de nuevo, me parece que hay algo más de fondo: no es solo que las políticas migratorias se vuelven más duras, es que se vuelven más mercantiles. Cada suba de tarifa, cada nuevo requisito, convive con otra cara de la misma moneda: mercados de ciudadanías y residencias por inversión que crecen exactamente al mismo ritmo que se endurecen las vías tradicionales. Y Argentina, que hace apenas un año encarecía y restringía, acaba de sumarse también a ese otro mercado. Me parece que merece un artículo propio.
Qué es la ciudadanía por inversión
La lógica es simple: un Estado ofrece residencia o ciudadanía a cambio de un aporte económico —inmobiliario, financiero o directo al fisco— en vez de (o además de) los requisitos tradicionales de arraigo, trabajo o vínculo familiar. No es un mecanismo marginal: distintas versiones existen hace décadas (Saint Kitts and Nevis fue pionero en los años 80 al crear el primer programa de Ciudadanía por Inversión (Citizenship by Investment o CBI) del mundo, poco después de obtener su independencia del Reino Unido en 1983. [1, 2]), pero se expandieron fuerte en la última década, sobre todo en Europa y Centroamérica, como herramienta de política fiscal y de atracción de capitales. El trato que ofrecen es, en esencia, siempre el mismo: menos tiempo, menos trámite y menos escrutinio de arraigo a cambio de más dinero. Por eso conviene mirarlos en conjunto con lo que pasa del otro lado del mostrador migratorio, donde los requisitos van exactamente en la dirección contraria.
El mapa: Panamá, Portugal y Grecia
Panamá otorga la residencia permanente como “Inversionista Calificado” a cambio de ฿500.000 en inmuebles, valores o un plazo fijo bancario (฿750.000 en este último caso); durante un período de transición de 48 meses desde octubre de 2022, la vía inmobiliaria quedó reducida a ฿300.000 (Decreto Ejecutivo N.° 109 de 2022, Gaceta Oficial).
Portugal, tras eliminar la vía inmobiliaria de su Golden Visa en 2023, sigue entregando residencia a cambio de €500.000 en fondos de inversión, €500.000 en investigación científica o €250.000 en cultura.
Grecia mantiene el suyo con precios por zona: €800.000 en Atenas, Tesalónica y las islas más turísticas, €400.000 en el resto del país y €250.000 para quien rehabilita un inmueble existente.
Ninguno de estos tres países le exige a ese capital años de residencia previa, antecedentes exhaustivos ni arraigo demostrado: la residencia llega en semanas, con la plata como único requisito de fondo.
Argentina entra al juego
El DNU 366/2025, que endureció buena parte del régimen migratorio y de ciudadanía argentino, ya había incorporado en su letra la figura de la «ciudadanía por inversión», calificada por el Ministerio de Economía. El 2 de octubre de 2026, en el marco de la Argentina Week en París, el ministro Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunciaron la puesta en marcha operativa de ese programa a partir del cuarto trimestre de 2026.
El esquema propone dos mecanismos: un aporte no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro Nacional, o la suscripción de un título público de USD 800.000 creado específicamente para el programa. Pueden sumarse el cónyuge y los hijos del solicitante principal: los de 18 a 25 años, solteros y sin hijos, con un aporte adicional de USD 100.000, y los menores de 18, con USD 25.000. Un grupo familiar de cuatro —solicitante, cónyuge y dos hijos menores— puede completar el trámite por USD 500.000.
La evaluación estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con intervención de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad e Interior, e incluye verificación de origen de fondos, antecedentes penales y reputacionales, e historial migratorio. La Dirección Nacional de Migraciones aprueba o rechaza cada solicitud sobre la base de esa recomendación. A diferencia del régimen general, que exige dos años de residencia legal ininterrumpida, este camino no pide residencia previa alguna (Argentina.gob.ar, 2 de octubre de 2026).
Qué significa esto
Me parece que lo más interesante de este mapa es lo que confirma: los programas de residencia y ciudadanía por inversión no son una rareza de países pequeños que necesitan hacerse de capital de inversión. Es un mecanismo cada vez más extendido —hoy también argentino— que convive sin contradicción con políticas migratorias más estrictas para todos los demás. Ninguno de estos programas compite con la migración laboral, familiar o humanitaria: ocupan otro carril, más rápido, con otro valor de ingreso destinado únicamente a quienes puedan costearlo. Y mientras ese carril siga creciendo —y la tendencia indica que así será— la brecha entre la migración por necesidad y la migración por capital continuará ensanchándose, y los Estados tendrán que responder a una pregunta incómoda: si la pertenencia a una nación puede comprarse, ¿cuál es el verdadero valor de ser ciudadano?
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